El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, sigue dispuesto a llevar adelante la reforma eléctrica cuyo borrador presentó el pasado mes de julio y que afecta en buena medida al sector de las
renovables en general y a la energía eólica en particular. El siguiente paso
que pretende dar es viajar a Estados Unidos, "fundamentalmente" a
Nueva York, para presentar sus planes, un viaje que será "muy
probablemente" antes de que finalice el verano. Según explicó el ministro
en una entrevista concedida a EFE, ha solicitado al ministro de Economía, Luis de Guindos, que le acompañe en dicho viaje porque en las reuniones que anticipa
"no sólo abordamos aspectos concretos de una reforma determinada, sino de
la evolución general de la economía".
La idea del ministro Soria es reproducir los encuentros que
ya mantuvo en Londres en julio, con la presencia no sólo de De Guindos sino
también del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. Según explicó el
titular de Energía, "la mayor parte" de los inversores valoraron
positivamente los planes de reforma en las reuniones celebradas en suelo británico, a pesar de que admitió dos elementos
fundamentales que no hablan en favor de los cambios legales que impulsa su
Departamento: en primer lugar, que "no gusta prácticamente a nadie afectado", y en segundo lugar que
algunos inversores británicos se mostraron "contrariados" por estos planes, aunque
esto lo achacó a que ellos mismos habían animado "a muchos clientes a que
se metieran en este tipo de proyectos" hace cinco años, cuando el sector
prometía una rentabilidad que, a juicio de Soria, es imposible mantener hoy.
A pesar de ese rechazo casi general, Soria sostiene que su
reforma "soluciona uno de los grandes problemas que tiene no sólo el
sector eléctrico sino la economía en su conjunto": el déficit tarifario,
que asciende a más de 26.000 millones de euros. Con el recorte anunciado en el
borrador de reforma, el Gobierno prevé una reducción global de 4.500 millones
de euros anuales, de los cuales las empresas del sector asumirán 2.700, el
Gobierno a través de los Presupuestos Generales del Estado otros 900 y los
consumidores a través de la tarifa que pagan los 900 restantes. Este es uno de
los aspectos más contestados de la reforma.
La Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) aseguró en un comunicado que no debería cargarse en la factura eléctrica los costes de la política energética nacional. El colectivo recuerda que a lo consumido hay que añadir hoy en día un 21 por ciento de IVA y un 5 por ciento por los impuestos de la electricidad.
La Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) aseguró en un comunicado que no debería cargarse en la factura eléctrica los costes de la política energética nacional. El colectivo recuerda que a lo consumido hay que añadir hoy en día un 21 por ciento de IVA y un 5 por ciento por los impuestos de la electricidad.
El rechazo doméstico a los planes del Gobierno ha encontrado eco también fuera de
nuestras fronteras, y eso explica en parte el anunciado viaje del ministro Soria a
Nueva York, todavía sin fecha. La revista estadounidense Forbes ha publicado un artículo en el que evalúa con dureza "desesperadas" medidas del Gobierno español. "Parece que
las autoridades españolas un día se quedaron sin ideas, miraron al sol y
exclamaron: ¡Ya lo tenemos! ¡Vamos a privatizar el sol!", explica la
publicación en su artículo. Según añade, hay países como Estados Unidos o
Alemania que observan con atención este proceso para conocer los resultados, porque
"la medida es muy impopular y algunos vaticinan, preocupados, que el
resultado va a ser una rebelión ciudadana a gran escala". "Los
españoles simplemente decidirán no cumplir la ley", sentencia.
Uno de los aspectos más polémicos de la reforma prevista es
que se gravará con un peaje la producción casera de electricidad, lo que afecta
sobre todo a la instalaciones de paneles fotovoltaicos, pero también a los
minigeneradores eólicos. Teresa Ribera (en la foto) fue secretaria de Estado de Cambio Climático
en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y, tras fichar por el
fabricante de paneles solares Isofotón, es asesora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI), un centro de investigación política
con sede en París. Desde esa condición y con experiencia en este campo, en
declaraciones a Reuters, Ribera consideró la reforma que pretende acometer el
Gobierno como "una seria invitación a los ciudadanos para que se
conviertan en antisistema". "Es como pedirle a los ciclistas que
paguen un impuesto por mantener abiertas las estaciones de servicio que no
utilizan", añadió.
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ya había mostrado su
absoluto rechazo a esta reforma del Gobierno por entender que es
"retroactiva, discriminatoria y arbitraria, que introduce nuevos elementos
de incertidumbre y de inseguridad jurídica y que es muy injusta con el sector eólico".
Entre las principales quejas del colectivo de productores de energía eólica está
que se dinamita el sistema de retribución bajo el que se realizaron las
inversiones a medio y largo plazo, que se penaliza la eficiencia y la
competititvidad de la eólica, la energía más perjudicada por ser la que encabezó
las inversiones en renovables. También temen que incluso las instalaciones
energéticamente más eficientes pierdan el derecho a percibir más incentivos
durante su vida útil. Como en todos sus comunicados, la AEE insiste en ofrecer
diálogo al Gobierno "para trabajar conjuntamente en una solución que no
lleve al sector a la quiebra".
