El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 6 de junio
el Real Decreto en el que se fija el nuevo sistema retributivo para el régimen
especial, que incluye a las energías renovables y por tanto también a la
eólica. La nueva norma, que ha sido objeto de debate y controversia durante los
últimos meses, había generado un rechazo total desde las asociaciones
vinculadas a la energía eólica y su aprobación siembra el futuro del sector de
muchas dudas. El Gobierno, en cambio, tal y como explicó el ministro de
Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, cree que la reforma servirá
para "dotar de estabilidad al sistema, dar una rentabilidad razonable e
introducir certidumbre en el sector".
Según lo aprobado por el Gobierno, ahora habrá 1.400 tipos
de plantas y cada una de ellas cobrará en función de la inversión realizada, de
las subvenciones recibidas hasta la fecha y de la vida útil de la instalación.
Los parques eólicos suponen la mayoría de las instalaciones que dejarán de
cobrar retribuciones adicionales con este planteamiento. Es decir, se vincula
el cobro de retribuciones adicionales a lo que reciban en el mercado eléctrico
a una "rentabilidad razonable", que está vinculada a la evolución de
las obligaciones del Tesoro a diez años más 300 puntos básicos, con la
referencia del bono correspondiente al momento en el que se aprobó la ley del
sector eléctrico, que entonces situaba la rentabilidad en el 7,5 por ciento.
Este nuevo sistema sustituye al de primas que se utilizaba
hasta ahora y una vez aprobado generó por parte del sector las mismas críticas
que se han venido escuchando durante los últimos meses, no se hicieron esperan.
Luis Polo, director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), aseguró que la
nueva normativa es "incomprensible y profundamente injusta. A su juicio,
el Real Decreto "discrimina a la eólica y la coloca en una situación
insostenible, con un sistema económico claramente retroactivo y que genera una
situación de inseguridad jurídica por no respetar las inversiones
realizadas". El sector eólico es, dijo, "el más penalizado" por
esta reforma, que no ha tenido en cuenta ninguna de las alegaciones presentadas
por el mismo. Según la AEE, la consecuencia más factible es que muchos
proyectos no podrán hacer frente a las deudas contraídos con los bancos a manos
que haya quitas de en torno al 20 por ciento.
Esta inseguridad d ya está provocando reacciones, también internacionales. Hace algunas semanas, antes incluso de la aprobación del Real
Decreto, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas aInversiones (Ciadi), el organismo de arbitraje del Banco Mundial recibió dos
denuncias de sendos fondos de inversión internacionales, RREEF y Antin,
vinculados respectivamente a Deutsche Bank y BNP. Y días antes de la aprobación
del texto en Consejo de Ministros se sumó a estas denuncias la de InfraRed.
Todos ellos habían invertido en el sector termosolar. El secretario de Estado
de Energía, Alberto Nadal, dijo la pasada semana que el Gobierno está
"bien tranquilo" ante esta situación porque "lo que se debate en
el Ciadi es si ha cambiado la legilación de forma intencionada para dañar a los
inversores extranjeros, lo que no se ha producido".
Según los cálculos del Gobierno, con esta nueva normativa
las tecnologías del régimen especial recibirán 200.000 millones de euros de
retribución a lo largo de toda su vida útil. Los cálculos de la ComisiónNacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) había calculado ya que durante
2014 las renovables verían así recortados sus ingresos en 1.671 millones de
euros. La eólica, siendo el sector más eficiente, es el que más sufrirá el
ajuste, con una rebaja del 33,7 por ciento de sus primas, pasando de los 1.802
millones de euros que habría ganado con el anterior sistema de primas a los
1.194 que sumará con el nuevo modelo. La propia CNMC, en el informe aprobado
por su Consejo en abril, ya advertía de que las instalaciones se veían afectadas
"de forma dispar" por la reforma y que las más recientes veían crecer
su retribución.