Canarias y Baleares están en el centro del debate sobre el
futuro más inmediato de la energía eólica en España. En Canarias hay 55 parques eólicos, con una
potencia instalada al finalizar 2013 de 165,11 MW, y en esos doce meses se
instalaron 5 de ellos. En Baleares, la comunidad autónoma que menos aporta al
total del Estado de las quince que tienen instalaciones eólicas, son 3,86 MW en
sus 46 parques, sin nada de potencia nueva instalada a lo largo de 2013. Y el
Gobierno ha añadido nuevos elementos de discusión para el futuro de los dos
sistemas insulares de nuestro país en esa posición con la propuesta de Orden
Ministerial que firmó el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, el
pasado día 4 de abril. En ella "se
aprueban los parámetros retributivos y se establece el mecanismo de asignación
del régimen retributivo específico para nuevas instalaciones eólicas y
fotovoltaicas en los sistemas eléctricos de los territorios no
peninsulares".
Dado que en los sistemas extrapeninsulares "la demanda eléctrica se cubre mayoritariamente con tecnologías térmicas
de origen fósil, siendo la participación de las fuentes no renovables aún
modesta", el objetivo del Gobierno con esta propuesta es "la sustitución de generación convencional generación
renovable suponga reducciones del extracoste de generación y favorezca el equilibrio
entre los ingresos y costes del sistema eléctrico". En la orden se dan
varios datos para afianzar sus propósitos. Recuerda el documento que el
extracoste de generación en los sistemas no peninsulares se ha incrementado en
un 38 por ciento desde el año 2009. En 2013, la demanda cubierta con las
renovables fue del 7,6 por ciento en Canarias y del 2,3 por ciento en Baleares,
y es prácticamente nula en Ceuta y Melilla. El total nacional está muy lejos de
esa cifra, en torno al 40 por ciento.
Sin embargo, y a pesar de las buenas intenciones que se incluyen en el documento, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) está convencida de
que el objetivo del Gobierno es inviable. Una vez que el marco energético
renovable esté completamente regulado por el Real Decreto-Ley 9/2013, la Ley 24/2013 y la
propuesta de real decreto sobre renovables, cada tres años se revisará la
retribución a la inversión en base a los precios del mercado y cada seis años
se podrán revisar todos los parámetros retributivos, incluyendo la supuesta
rentabilidad razonable. La conclusión, entiende el sector, es que los
inversores no tendrán garantías para los veinte años de vida regulatoria de los
proyectos. Además, se entiende que hay una enorme contradicción entre
pretender "agilizar la introducción de energía eólica en el sistema
canario" específicamente e ignorar que a los parques ya instalados, que
generan los mismos beneficios pero se les aplicará el cambio de régimen retroactivo
que sufrirá el resto del Estado.
Hace unas semanas, a comienzos del mes de abril, la consejera de Industria del
Gobierno canario, Francisca Luengo, se reunió en Madrid con el secretario de
Estado de Energía precisamente para aclarar el futuro de las Islas Canarias en
el terreno energético y tras el encuentro hubo declaraciones optimistas, aunque sin muchos
detalles sobre la eólica de forma específica. Luengo explicó que a día de hoy
"es imposible, y hay que repetirlo, ser cien por cien renovables".
Por eso, el Gobierno regional aprobó días después de esa reunión en Madrid las
Directrices de Ordenación Sectorial de la Energía, que fijan un ambicioso
objetivo del 36 por ciento de renovables para 2020. Para ello, la consejera
consideró imprescindible acometer las infraestructuras de bonbeo que
permitirían almacenar la eólica y la interconexión eléctrica entre La Gomera y
Tenerife y entre Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Sin ellos, según
Luengo, el máximo a alcanzar es el 20 por ciento.
En Baleares también se hacen ya esfuerzos para multiplicar la presencia de la eólica incluso con las dificultades añadidas por el nuevo marco regulatorio. La Conselleria de Economía y Competitividad aprobó el pasado día 8 una nueva convocatoria de
subvenciones para que haya empresas y asociaciones empresariales privadas que
apuesten por la instalación de energía eólica y solar fotovoltaica. Las
subvenciones son de 500.000 euros, cofinanciadas en un 50 por ciento con fondos
FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). Con esta cantidad se prevé la
instalación de 900 KWh de potencia, lo que anualmente sumará 1.350.000 KWh y se
evitará la emisión de 1.300 toneladas de CO2 a la atmósfera. El plazo para
presentar solicitudes terminará el próximo 7 de mayo. El resultado de este plan
ayudará a despejar las incógnitas del futuro eólico en Baleares.
