El final de 2014 ofreció por primera vez en esta legislatura
un esbozo de las intenciones concretas de planificación energética del
Gobierno. Entre otros muchos aspectos, el borrador de propuesta para el periodo
2015-2020 que maneja el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que se conoció en la segunda quincena de diciembre, habla de un
repunte de las energías renovables, de entre 6.617 y 8.537 MW, cifras que son
necesarias para cumplir los objetivos ambientales que la Unión Europea ha
fijado para el año 2020. En lo que se refiere a la energía eólica, que sería la
renovable más instalada en este periodo según las previsiones del Ejecutivo,
esto supondría la puesta en funcionamiento de entre 4.553 y 6.473 MW. Esa
oscilación dependería de la demanda de energía final en este periodo.
La previsión, que contradice el estancamiento en el que
parece estar sumido la eólica ahora mismo, con un crecimiento cero en 2014,
provocó la inmediata crítica del sector, que la considera del todo imposible
con el actual marco regulatorio que viene criticando con fuerza desde hace
tiempo. Según explicó la Asociación Empresarial Eólica (AEE) en un comunicado, “para
que se instale la potencia eólica que el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo considera necesaria, entre 900 y 1.300 MW anuales, habría que invertir
entre 6.000 y 8.700 millones de euros”. Esa inversión, según la AEE, es
“prácticamente imposible que se produzca con el marco regulatorio que ha traído
consigo la reforma energética”, porque una normativa que “permite cambiar la
rentabilidad varias veces a lo largo de la vida útil de la instalación genera
incertidumbre y desincentiva la inversión”.
Como muestra de lo imposible que consideran las
previsiones del Gobierno, el colectivo recuerda que en 2014 España sólo ha
añadido a su potencia eólica un aerogenerador de 0,08 MW de potencia. Además,
hay otro enemigo en el horizonte al que habría que dar una respuesta, ya que la
AEE recuerda que “en 2020 cerca del 45 por ciento de la potencia instalada
habrá llegado a los quince años de vida”, un umbral ya peligroso debido a que
la vida útil de un aerogenerador se estima que está en torno a los 20 años.
“Para cumplir con la senda que marca el Ejecutivo para 2020, sería necesaria
una regulación estable en todos los ámbitos del Estado, lo que supondría dar
marcha atrás en la Reforma Energética. De lo contrario, España incumplirá los
compromisos europeos, que son vinculantes”, advierte la AEE.
Para avalar sus peticiones, la patronal del sector eólico esgrime un informe también de diciembre del pasado año, Trends and Projections in Europe 2014, realizado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, dependiente de la Comisión Europea, que también alerta del riesgo de que España incumpla los objetivos comunitarios. Y eso que dicho estudio considera los datos de 2013 sin tener en cuenta la marginal inversión en energía eólica que ha vivido España en 2014. Aún así, el informe entiende que hay una “incoherencia potencial” entre los objetivos energéticos formulados en 2007 y la actual política con las renovables y advierte que el “importante reajuste” adoptado por el Gobierno ha hecho que “la transición a las energías renovables haya perdido ímpetu en España”. Por eso, el pronóstico del organismo europeo es que España “tendrá que diseñar e implementar nuevas medidas o usar mecanismos de flexibilidad” para lograr los objetivos europeos.
Para avalar sus peticiones, la patronal del sector eólico esgrime un informe también de diciembre del pasado año, Trends and Projections in Europe 2014, realizado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, dependiente de la Comisión Europea, que también alerta del riesgo de que España incumpla los objetivos comunitarios. Y eso que dicho estudio considera los datos de 2013 sin tener en cuenta la marginal inversión en energía eólica que ha vivido España en 2014. Aún así, el informe entiende que hay una “incoherencia potencial” entre los objetivos energéticos formulados en 2007 y la actual política con las renovables y advierte que el “importante reajuste” adoptado por el Gobierno ha hecho que “la transición a las energías renovables haya perdido ímpetu en España”. Por eso, el pronóstico del organismo europeo es que España “tendrá que diseñar e implementar nuevas medidas o usar mecanismos de flexibilidad” para lograr los objetivos europeos.
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